¿Cómo protege la nueva Autoridad al Informante en casos de corrupción?

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI), de ámbito nacional. Esta se encargará de proteger a las personas que comuniquen a la justicia cualquier presunta ilegalidad. Si bien, algunas comunidades autónomas ya habían creado dicho organismo (en Catalunya, l’Oficina Antifrau), aún no se había constituido la agencia nacional.

La medida desarrolla Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La citada ley indica que cualquier persona física puede informar ante la AAI o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley. Recordamos que espíritu de la Ley es que las incidencias puedan ser comunicadas preferentemente al canal interno de las empresas (obligatorio en organizaciones con más de 50 personas trabajadoras), pero deja la puerta abierta para que se puedan remitir a la AAI directamente o previa comunicación al canal interno. En este punto, las personas físicas pueden dirigirse a la autoridad autonómica o a la nacional, que ahora se crea.

La AAI estará formada por un presidente y una comisión consultiva, formada por expertos en materia de justicia, que gestionará las denuncias presentadas para trasladarlas o no a la Fiscalía en función de su veracidad.

La AAI recibirá las denuncias por medio de un canal seguro, realizará la correspondiente comprobación y, si procede, remitirá la información a la Fiscalía. En todo momento, se mantendrá el anonimato del denunciante. Asimismo, se adoptarán medidas de protección frente a represalias como, por ejemplo, la nulidad de los actos que supongan dicha represalia.

Además, el organismo empleará medios de apoyo a las personas informantes relacionadas con información y asesoramiento, asistencia jurídica o apoyo psicológico o financiero, dependiendo siempre de las necesidades de cada caso.

En definitiva, la constitución de la AAI era una tarea pendiente que tenía el Gobierno, tras la aprobación hace un año de la Ley 2/2023. Con su puesta en marcha, se implanta una nueva acción para favorecer que se denuncien casos de corrupción y de otras irregularidades.

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