El pasado 6 de julio finalizó el plazo para que los Estados miembros de la UE traspusieran la Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD) a su ordenamiento jurídico.

La normativa publicada pretende que las empresas, en sus operaciones internas y a lo largo de toda su cadena de valor, actúen responsablemente para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos que generan sobre los derechos humanos y el medio ambiente.